El apoyo al sector agrícola de México llega solo a aquellos con buenos contactos
Con el objetivo de ayudar a los agricultores mexicanos a competir con los grandes productores estadounidenses subsidiados bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994 el gobierno mexicano lanzó un programa de transferencia de efectivo denominado "Procampo". Conforme afirmaban las autoridades en aquel momento, su objetivo era brindar a los agricultores de bajo nivel económico y de subsistencia el impulso financiero temporal que necesitaban para convertirse en productores eficientes y expertos en el mercado.
Dieciséis años después, Procampo todavía entrega más de $1.300 millones al año a unos 2,7 millones de agricultores. Sin embargo, en lugar de combatir la pobreza, los subsidios del gobierno exacerban las desigualdades rurales.
La investigación realizada por el grupo de expertos independientes FUNDAR, beneficiario de las Fundaciones por una Sociedad Abierta dedicado al análisis de políticas y presupuestos, demuestra que Procampo y los programas hermanos están canalizando grandes cantidades en subsidios a productores prósperos, entre los que se incluyen importantes autoridades del gobierno y familiares de conocidos traficantes de drogas.
Los datos recopilados, analizados y publicados en el innovador sitio Web de Fundar, Subsidios al Campo en México, desencadenaron una serie de informes de primera plana en el periódico El Universal. Entre los beneficiados se encontraba el ministro de agricultura, junto con su padre y hermanos, a pesar de que las normas prohíben que autoridades del gobierno obtengan beneficios de los programas que administran.
También fue noticia la revelación de que los subsidios se destinaron a las fincas propiedad de familiares de los principales traficantes de los carteles de Juárez, Sinaloa y del Golfo, que en la actualidad tienen una salvaje lucha armada con el Ejército y la policía mexicana.
Dado que los legisladores y los medios mexicanos exigen la adopción de medidas para poner fin a los abusos, el Ministro de Agricultura destituyó a dos importantes funcionarios y prometió limpiar el registro, mientras sigue defendiendo el derecho de su propia familia a recibir subsidios. Fundar sostiene que purgar el registro de unos pocos no resuelve el problema central.
Procampo, que, según Fundar, debería ayudar a los campesinos más pobres, se ha convertido principalmente en un programa de bonificación para los terratenientes bien conectados y los grandes productores. El diez por ciento de los beneficiarios reciben más del 57 por ciento de los subsidios, mientras que el 80 por ciento, o alrededor de 4 millones de personas, reciben solamente el 27 por ciento de los fondos.
Según el director ejecutivo de Fundar, Miguel Pulido, y la investigadora Ana Joaquina Ruiz, el programa también sufre de la falta de los controles adecuados del gasto público o respeto de sus propias normas. El resultado, como afirman en un artículo de El Universal, son "privilegios indebidos a quienes más tienen y castigos injustos a los más necesitados".